3/9/2010
N° 131
SE RADICALIZA LA MADRE DE TODAS LAS BATALLAS
Piedra, papel y tijera
La confrontación del Grupo Clarín con el gobierno nacional se agudiza y ordena el panorama político. La reafirmación del poder presidencial frente a las corporaciones y la apertura institucional a los otros poderes pone a la oposición en una disyuntiva: con el interés público pero cediendo la iniciativa al gobierno, u oponiéndole su propia agenda subordinada al interés de los privados más poderosos.
Por Horacio Verbitsky
El carácter de batalla decisiva que todos los involucrados le asignan no estimula el pensamiento crítico sobre cada aspecto de un caso que corta en forma transversal la historia argentina del último medio siglo, tan despoblada de ángeles y vírgenes. Las controversias entre miembros de la familia Graiver son apenas ruido de fondo que distrae del tema central. Por eso conviene ceñirse a lo que cada uno dijo antes de que comenzara esta pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno, cuando el apellido Kirchner refería al arte alemán y no a la política argentina.
Todos los actores coinciden en que la escena política y económica muestra el más alto grado de polarización en décadas. El ex presidente Néstor Kirchner sostuvo en varios discursos de la última semana que se trata de “profundizar el modelo y la distribución del ingreso”, que la presidente CFK enfrenta a las corporaciones mientras la oposición pide instrucciones al Grupo Clarín. En un documento previo al discurso presidencial, los diarios Clarín y La Nación sostuvieron que “el Gobierno nacional pretende adueñarse de los activos de Papel Prensa” y “someter a los medios de comunicación independientes”, una línea de la que les cuesta retroceder aun después de que fuera desmentida por los hechos. Sus principales columnistas deploran que se esté apagando la libertad pero celebran que los hombres de negocios rechacen la prepotencia oficial. Algunos políticos se han quedado sin adjetivos: para la diputada Elisa Carrió ahora “el gobierno cruza el límite entre democracia y autoritarismo”. Pero hace cuatro años ya opinaba que “Kirchner es igual a Hitler”. Este lento alejamiento de Hitler de la democracia es un notable aporte aborigen a la ciencia política. Para el precandidato presidencial del peronismo opositor, Felipe Solá, los empresarios “se pusieron las botas”. Las principales entidades patronales claman que no existe en el país seguridad jurídica, mientras sus empresas muestran resultados excepcionales, que explican los índices de inflación mejor que la ortodoxia monetarista. Ricardo Alfonsín dijo que le llamaba la atención que el tema de Papel Prensa no hubiera aparecido antes, lo cual constituye un involuntario reconocimiento de la diferencia entre este gobierno y los anteriores.
Mitos y realidad
Pese a la dificultad de un análisis propio que eluda ese exacerbado antagonismo, es inocultable que los grupos económicos que estuvieron entre los grandes apoyos de Kirchner son hoy los mayores adversarios de CFK. Pero esta constatación desmiente el relato machacado a derecha e izquierda sobre el ex mandatario como única autoridad verdadera. Del mismo modo, la decisión presidencial de dar intervención al Congreso y a la Justicia colisiona con la fábula del régimen autoritario que concentra poder a expensas de las libertades públicas, repetida sin desmayos desde hace años, pero no alcanza para disiparla: un reacomodamiento mediático de urgencia explica que sólo la firme posición de políticos y hombres de negocios e incluso del gobierno de Estados Unidos habría forzado el retroceso en la decisión de expropiar Papel Prensa. CFK ha continuado la reconstrucción de la autoridad presidencial y la primacía de la política sobre los poderes fácticos que Kirchner inició en 2003, cuando el descrédito del sistema representativo democrático había llegado a un punto intolerable. Pero además le agregó una dosis de institucionalidad que faltó cuando sólo había urgencias, algo que tampoco es fácil de apreciar a través del lente manchado con tinta de imprenta que enturbia las percepciones de la opinión pública. Los accionistas privados de Papel Prensa ya habían presentado una querella contra el secretario de Comercio Mario Guillermo Moreno en la que le atribuyeron usurpar facultades investigativas que sólo competen al ministerio público y a la justicia. El abogado de Moreno, Alejandro Rúa, respondió que si se encontraran hechos delictivos el informe sería “elevado a los organismos competentes” para que la pesquisa continuara en la justicia, “a cargo de órganos que satisfagan exigencias de independencia e imparcialidad, con amplias posibilidades de ejercer el derecho de defensa”, como anunciaba la resolución de marzo de 2010 que inició la investigación. Rúa sostiene que Bartolomé Mitre y Héctor Magnetto presentaron una “improcedente contraquerella”, buscando pasar de acusados a acusadores en un juzgado diferente al que debe investigar los delitos aberrantes que se habrían cometido entonces.
Crímenes y pecados
Una primera lectura del material recolectado permite arriesgar que son contundentes las pruebas acerca de la connivencia con el Estado terrorista de los diarios que compraron las acciones de los Graiver en 1976, con los vendedores en un estado de extrema vulnerabilidad. Esto es explícito en la cobertura periodística de aquellos años e incluso en los comunicados que los diarios emitieron entonces para explicar que su ingreso en la fábrica había sido “previa consulta y conformidad de la Junta de Comandantes en Jefe”. Tampoco es dudoso el uso que hicieron de Papel Prensa para consolidar una posición dominante en un mercado informativo de creciente concentración y con generosos subsidios estatales, desde los aportes de capital con diferimientos impositivos hasta las tarifas de la energía y los diferenciales de tasas de interés entre el crédito estatal y su colocación ilegal en bancos privados. Con la misma lógica con que confesaron aquel vínculo con la dictadura, esos accionistas admiten ahora que “controlar el papel es controlar la información”. Asegurar que nadie lo controle en el futuro es la responsabilidad que la presidente delegó en el Congreso, donde su partido está en minoría, para que declare de interés público la producción, distribución y comercialización de pasta celulosa y de papel de diario y regule sus condiciones, supervisada por una comisión bicameral y con participación de todos los diarios en un consejo asesor. La oposición debe elegir entre representar el interés público, acompañando la iniciativa del Poder Ejecutivo al que aspira a suceder, o afirmarse en su intransigencia pero asociada a los intereses particulares más poderosos. No es una disyuntiva fácil.
Diarios sí, judíos no
Menos claro es que pueda demostrarse la participación de alguno de aquellos accionistas en crímenes de lesa humanidad, los únicos que impedirían la prescripción. El testimonio del ex empresario y timador José Pirillo es tan verosímil como la solicitada de Isidoro Graiver. Pirillo pretende que hace un cuarto de siglo, cuando la adopción de los hijos de Ernestina Herrera de Noble no formaba parte de la agenda pública, Magnetto le dijo que se los había conseguido Videla. Los mejores datos para argumentar la complicidad con un delito de lesa humanidad no están en el informe que los reformadores del INDEC tipearon con los guantes de box puestos, sino en la investigación realizada entre 1984 y 1988 por el ex fiscal nacional de investigaciones administrativas Ricardo Molinas. Ese trabajo incluye declaraciones del ex dictador Emilio Massera y del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, que datan el comienzo de las investigaciones sobre la relación entre los Graiver y Montoneros antes de la transferencia de acciones a los tres diarios, y de Lidia Papaleo e Isidoro Graiver sobre las presiones para vender a los actuales accionistas. Massera declaró que “el 15 de setiembre de 1976 la Junta Militar había tomado conocimiento de los hechos relacionados al caso Graiver, girando los antecedentes al ministerio de Economía para su informe”. Martínez de Hoz confirmó que al morir David Graiver en agosto de 1976 “se había dispuesto la investigación de todo lo relativo al denominado caso Graiver”. Lidia Papaleo le contó al fiscal Molinas que el ex ministro Francisco Manrique, amigo de su esposo, le hizo saber que el gobierno quería que el Grupo Graiver desapareciera y que “el comprador indicado” para sus acciones en Papel Prensa eran los tres diarios. El primo de Martínez de Hoz, Pedro Jorge Martínez Segovia, a quien Graiver había colocado como presidente figurón de Papel Prensa, llevó a la flamante viuda a caminar por la Plaza San Martín, pero no para consolarla: allí le dijo que no podía vender el paquete accionario de la papelera a “personas de la colectividad judía ni a un grupo extranjero”. Martínez Segovia admitió el diálogo pero pretendió que sólo había sido “un consejo, atento a las circunstancias del momento” (sic). Isidoro Graiver confirmó que Manrique le había transmitido al abogado de su cuñada, Miguel Anchorena, que “sería necesario” ceder el control accionario de Papel Prensa a los tres diarios, que eran “los compradores lógicos”. Pocos días después recibió la visita de Guillermo Gainza Paz, quien en representación de los diarios propició una reunión con sus directivos, que se realizó en la sede de Clarín. Pero las tratativas no prosperaron porque la oferta que les hicieron era “totalmente inadecuada”. Por Manrique supieron que el Estado no autorizaría que las acciones que David Graiver había comprado a través de testaferros cuando su protector José Gelbard era ministro de Economía, se inscribieran como propiedad del grupo familiar, con lo cual perderían todo. (Gelbard era otro de los que acosaban a la viuda. Su abogado, Gustavo Caraballo, le exigía el pago de una deuda por seis millones de dólares). En ese momento los diarios propusieron una nueva reunión, que se realizó en la sede de La Nación. Allí se firmó la venta. Isidoro Graiver dijo que “no tuvieron otra oferta mejor que la aceptada, dado lo exiguo del tiempo”. Ese precio fue tan bajo que el representante del ministerio público que defendía los intereses de la hija menor de David Graiver y Lidia Papaleo lo objetó en el juicio sucesorio, de modo que la transacción nunca se cerró, hasta que el presidente Raúl Alfonsín accedió a indemnizar a la niña. Desde entonces, María Sol no tiene ningún reclamo pendiente. Los mismos personajes aparecen, pero con sutiles variantes, en la biografía autorizada de Magnetto, “El hombre de Clarín”: habría sido el abogado de Graiver quien tomó contacto con Gainza Paz y a través suyo hizo el ofrecimiento de venta a los diarios. Cuando se reunieron en Clarín habría sido Anchorena quien formuló un pedido de diez millones de dólares, que los diarios no aceptaron. Según el libro, Manrique le recomendó a Papaleo que vendiera, dadas “las nuevas circunstancias políticas”, en las que “con la complicidad de algunos funcionarios” se estaba tramando “una maniobra de desapoderamiento” de los Graiver. “Ante el riesgo de perderlo todo”, fue Anchorena el que apuró a los diarios, que entonces decidieron blanquear las negociaciones con la Junta Militar, cuyos miembros “no manifestaron objeciones”. El autor del libro de Magnetto es José Ignacio López, desde esta semana vocero del diario La Nación. En las conclusiones de su dictamen, Molinas dio por probado que la Junta Militar conocía la relación de Graiver con Montoneros pero en vez de impedir la venta a los tres diarios la autorizó. En consecuencia, denunció a los miembros de la Junta por encubrimiento e incumplimiento de sus deberes como funcionarios. No hizo lo mismo con los accionistas privados porque sus atribuciones como fiscal se ceñían a investigar a los funcionarios y porque el interventor designado por Videla en la papelera se manejó en forma clandestina, de modo que consignó anomalías e irregularidades en la transferencia y la operatoria posterior pero sin escuchar a los accionistas, lo que “resulta inconcebible en un estado de derecho” pero era habitual en 1977. Debido a esa ilegalidad no es posible formularles “un cargo concreto, apareciendo –prima facie– como terceros de buena fe y consolidados luego de muchos años al frente de la empresa”. La operación había sido denunciada a la Junta Militar por el Banco de Intercambio Regional (de José Rafael Trozzo). Esto refleja las pugnas internas en la Junta Militar. El interventor era el capitán de navío en actividad Alberto D’Agostino, cuya designación fue impulsada por Massera, quien así intentaba voltear la transferencia apadrinada por Videla. Pese a la contundencia de su informe final, Videla lo archivó sin seguir sus recomendaciones. Fernando Molinas, hijo y secretario del ex fiscal, sostiene que su padre pidió a Alfonsín la nulidad de la venta a los diarios. Es posible que haya sido un reclamo verbal, pero no figura en el dictamen firmado el 29 de febrero de 1988.
Fuente: Pagina12
Por Manuel Justo Gaggero
Como dice Graham Greene, en su novela “El Tercer Hombre”, “Ocupaba un lugar preeminente y es en estos casos cuándo los hombres se enloquecen con mas facilidad”.
Esta caracterización se le podría aplicar al matrimonio presidencial.
Efectivamente, desde su llegada al gobierno en el 2003 han intentado adueñarse de la lucha que librara nuestro pueblo resistiendo el Terrorismo de Estado, primero, y luego, desde 1983, tratando de saber la Verdad, reconstruir la Memoria y lograr que se haga Justicia.
La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final y el reconocimiento de los crímenes cometidos desde 1974 hasta 1983, como de “lesa humanidad “, no han sido concesiones graciosas del gobierno de turno, sino el producto de una larga batalla que librara toda la sociedad argentina para cerrar, castigando a los culpables, una de las páginas mas terrible de nuestra historia moderna, en la que el terror estatal generó un verdadero genocidio.
El pasado martes, siguiendo con esta impronta de ocultar detrás de nuestros muertos y desaparecidos, la decisión de ampliar su poder para desarrollar un modelo de país y una política que es claramente una continuidad, en lo económico, de la que se viene ejecutando desde el 24 de marzo de 1976, montaron un tinglado en la Casa Rosada.
Por cadena oficial, denunciaron que la transferencia de las acciones de Papel Prensa que hiciera la familia Graiver en, favor de Clarín, La Nación y la Razón en noviembre de 1976 fue la consecuencia de presiones de todo tipo -incluidas detenciones y torturas- llevadas a cabo por la Dictadura Militar.
Los hechos fueron absolutamente tergiversados.
Una prolija investigación llevada a cabo por Ricardo Molinas, cuándo este estaba al frente da la Fiscalía de Investigaciones Administrativas durante el gobierno de Raúl Alfonsín”, señala que David Graiver falleció el 7 de agosto de 1976 al colapsar el avión privado que lo transportaba desde Nueva York hacia Acapulco en una clara operación ejecutada por la CIA, generando una profunda crisis en el universo financiero-empresarial que había construído.
Su viuda, Lidia Papaleo, junto con Isidoro Graiver, su cuñado y el padre de este, decidieron la venta de las acciones de Papel Prensa a Clarín, La Nación y la Razón, firmando los documentos en las oficinas de Bartolomé Mitre el 2 de noviembre de 1976.
Meses mas tarde, la totalidad de los componentes de la familia Graiver, y los funcionarios y abogados de sus empresas fueron secuestrados por la patota de Camps y Etchecolaz, siendo torturados brutalmente, permaneciendo, algunos de ellos, años en prisión y otros, como Edgardo Sajón y Jorge Rubinstein fueron asesinados por los torturadores”.
Antes de finalizar su mandato el gobierno alfonsinista indemnizó a los Graiver por las empresas que les despojara la Dictadura, no incluyendo a Papel Prensa, que a juicio del Dr. Molinas había sido transferida normalmente, por una decisión libremente tomada por sus propietarios.
En agosto de 1973, cuándo ya el General “estaba en el laberinto” junto a Lopez Rega, Lorenzo Miguel, la Juventud Sindical Peronista -hoy refundada por un hijo de Moyano-entre otros y comenzaba a operar la banda paraestatal -la siniestra Triple A-comenzamos a editar el Diario El Mundo, bajo la dirección de Luis Cerrutti Costa; ocupando la subdirección, el autor de esta nota.
Como se trataba de un medio opositor el primer problema a resolver era la cuota de papel subsidiado y a un precio razonable que distribuía el gobierno discrecionalmente -
Acompañado por Alicia Eguren, la esposa de John William Cooke, nos entrevistamos con el vicepresidente Vicente Solano Lima el que nos recibió afablemente y nos aseguró que haría gestiones, para resolver favorablemente nuestra petición, ante José Bel Gelbard, que ocupaba el Ministerio de Economía.
Como no tuvimos ninguna respuesta, semanas mas tarde nos entrevistamos con este último, que criticó nuestra línea editorial, considerando que la misma era demasiado “intransigente”, y que al atacar a la burocracia sindical y apoyar a los movimientos de base, generaba muchos enemigos.
Salimos de su despacho un tanto preocupados, pero finalmente obtuvimos la cuota de papel necesaria, quedándonos claro cuan difícil es para una prensa independiente que el insumo básico de la prensa escrita lo maneje, a su arbitrio, el gobierno de turno.
El vespertino fue clausurado el 14 de marzo, por un decreto firmado por Perón y su gabinete.
Es evidente que esta trama contiene mentiras y se apoya en testimonios de personajes de dudosa credibilidad.
Es como dijera Fernando “Pino “ Solanas una verdadera fábula, mediante la cuál se intenta ampliar el poder mediático del oficialismo.
El cantautor cubano Silvio Rodríguez en su último disco tiene una canción titulada “Tonada del albedrío”, que nació, según explica su autor a partir de un ejemplo concreto de la forma en que “los que gobiernan la información mediática trazan paisajes ideológicos “, ”Dijo Guevara, el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, Debe dar tristeza y frío, ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón artificial “-canta Silvio, esperando, como todos nosotros, que el unicornio azul llegue y nos permita derribar los muros de la mentira.
Manuel Justo Gaggero es abogado, ex Director del Diario “El Mundo”, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires -AABA-.
Publicado en Argenpress
EL ARQUITECTO GONZALO CONTE HABLO SOBRE LA RECONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO EL VESUBIO
Con imágenes, croquis y planos se rearmaron las formas vivenciales de los centros clandestinos de detención. Así se pueden explicar, por ejemplo, los ruidos que escuchaban los secuestrados y reconstruir cómo era la sala de torturas.
Por Alejandra Dandan
Gonzalo Conte está convencido de que todo debería ser de otra forma. De que los juicios orales sobre los crímenes en los centros clandestinos de detención deberían empezar por partes como ésta: la topografía de la memoria, una disciplina de la arquitectura que intenta con distintas fuentes orales pero también con imágenes y croquis rearmar las formas vivenciales de los centros clandestinos. Conte aportó su trabajo en la declaración de ayer en la causa del Vesubio. El terreno de casi trescientos metros de fondo, a poco más de doscientos metros del cruce entre Camino de Cintura y la Riccheri, contenía tres chalets donde funcionaban la jefatura de oficiales, el centro de torturas y las cuchas de alojamiento para los detenidos. La materialización con diapositivas y proyecciones del centro de detención que la represión intentó borrar aceleradamente con una demolición, cuyos tiempos también pueden medirse, acaba de trasformarse en otra prueba. “Creo que es importante empezar por los hechos físicos –dijo Conte–, que nos ayudan a conocer las otras instancias más subjetivas.”
Conte es arquitecto, trabaja en lo que define como topografía de la memoria desde la Asociación Civil Memoria Abierta. Participó en la reconstrucción de otros centros clandestinos, pero ayer era la hora de entender cuáles eran las formas del Vesubio. Una primera imagen de 1977 en poder del Instituto Geográfico Militar sirvió como disparador del trabajo al que fue incorporando otras fuentes: las observaciones de pedazos de ruinas sobre el terreno, los sonidos y los datos surgidos en el relato oral de varios sobrevivientes, comparaciones con los primeros croquis que los testigos aportaron ante la Conadep y varias pericias policiales. La suma de esos elementos son imágenes en muchos casos volumétricas que proyectadas en las pantallas de la sala de audiencia permitieron respirar y sobre todo entender la dinámica de la arquitectura del terror, en evolución constante a medida que se iban sucediendo los hechos.
“Nos dedicamos a la especialidad de los centros clandestinos de detención –explicó–. Con el objeto de descubrir su funcionamiento.” Eso que en un primer momento no fue pensado como herramienta jurídica, que tampoco alcanza la semejanza absoluta pero sí grados de precisión importantes, hizo que las querellas subrayaran que se trató, hasta aquí, de una de las pruebas más sobresalientes.
La imagen del Instituto Geográfico Militar es una foto aérea ampliada de la zona donde estuvo el Vesubio. La imagen proyectada permitió observar la distancia con el cruce de Riccheri y Camino de Cintura, por entonces más estrecho que el actual. Permitió entender que se trataba de un espacio estratégico: a unos 700 metros del regimiento de La Tablada y a metros de otro centro de abastecimiento militar. El predio que era (y aún es) un lote de 140 metros de frente por 300 de fondo estaba integrado por árboles, también protectores.
El plano de los tres chalets dispuestos en triángulo fue una de las imágenes a las que Conte volvía una y otra vez, para ubicar las referencias en el espacio. Eso es lo que era el Vesubio.
La casa número dos era el centro de torturas. Buena parte de la distribución original habría ido cambiando de formas al compás de la dinámica de la represión, como sucedió en otros centros de torturas. La puerta de entrada originalmente emplazada hacia el Camino de Cintura había sido suplantada por otra apertura en la parte de atrás. Un hall de distribución conectaba luego el ingreso con un dato recordado insistentemente por los testigos, como sala de espera para la tortura. La reconstrucción de esa estancia fue una de las imágenes más fuertes de la presentación: la sala que casi pudo tocarse era un cuarto con decenas de grilletes colocados a 35 o 45 centímetros de distancia, uno al lado del otro, afirmados contra la pared en algunos casos o un poco más sueltos. En el piso, debajo de cada grillete, el dibujo de una manta o colchón de gomaespuma señalaba la presencia de los detenidos. En uno de los laterales estaba la primera sala de tortura con una camilla. Y luego después de lo que Conte presentó como una ampliación de la casa se construyeron dos piezas más, siempre para la tortura, con flejes y camas.
Algunos relatos de ex detenidos mencionan el ruido de un tren. La reconstrucción permitió entender que esos ruidos podrían haberse escuchado desde el baño de la casa tres, que daba a la parte trasera del terreno, más cerca de la vía del ferrocarril que aún llega a la vecina estación de Aldo Bonzi.
La querella preguntó varios detalles. Por la pileta. Por las ubicaciones de las puertas. Por la cercanía de las rutas. Por la existencia de planos. Los defensores de los represores no hicieron ninguna pregunta. Más bien, sólo preguntaron una cosa. Lo hizo Gerardo Ibáñez, abogado de Héctor Humberto Gamen: “Perdóneme –dijo–, es que no logro ubicarme, ¿viniendo de la Capital todo esto estaría a la derecha o la izquierda?”.
Fuente: Pagina12
Jornada Nacional de lucha de la CTA
Masiva movilización en todo el país [27/08/2010 - ACTA] Enmarcado en un paro nacional de la Asociación Trabajadores del Estado y de la CONADU Histórica, se llevó a cabo ayer la jornada nacional de protesta de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), a la que adhirieron diferentes gremios y organizaciones sociales. Uno de los principales reclamos es “el 82% móvil para todos los jubilados, reapertura del Consejo del Salario para aumentar el salario mínimo, vital y móvil de acuerdo a la necesidades de los trabajadores y la reincorporación de todos los trabajadores de Paraná Metal en Villa Constitución”.
En todo el país se hizo escuchar el grito de las organizaciones sociales en contra de la “política de maquillajes”, que no resuelve los problemas de los trabajadores sino que, “al contrario se profundiza, como es el caso del voto en contra de la CTA en el Consejo del Salario, donde el Gobierno, los empresarios, la Sociedad Rural y la CGT se unieron para votar un salario que no satisface la demanda de los millones de argentinos que aun viven debajo de la línea de pobreza”.
En Capital Federal se movilizó al Ministerio de Trabajo, entre cientos de organizaciones ligadas a la Central se encontraban los trabajadores de Paraná Metal que marcharon en la ciudad de Villa Constitución (Santa Fe) en defensa de los puestos de trabajo, situación que afecta a un millar de trabajadores entre empleados de planta y de empresas contratistas. A su vez acompañaron trabajadores de la empresa Sancor de Rosario adheridos a CTA que transitan en una circunstancia extrema de persecución gremial por parte de la patronal que no permite que los trabajadores se organicen y luchen por sus Derechos.
Al pasar por la Jefatura de Gobierno porteña el secretario general de ATE, Rodolfo Arrechea, exigió a Mauricio Macri "terminar la persecución a laAsociación de Trabajadores del Estado. Basta de intentar resolver las políticas públicas, planteando el cierre de hospitales”.
A su vez, Manuel Gutiérrez, Secretario General de Ademys, denunció que “no puede ser que se pida históricamente el 82% móvil y después este gobierno negocia una movilidad trucha – y prosiguió- la contradicción fundamental sigue siendo si la Argentina va hacia una mayor concentración y extranjerización de la riqueza o hacia un modelo alternativo de economía que no deje excluidos”.
Con la claridad de la clase trabajadora
Al llegar al Ministerio de Trabajo, Víctor De Gennaro resaltó la presencia de los 300 trabajadores de Paraná Metal: “La unidad de los metalúrgicos es importante porque el 2 de septiembre van a cortar la Autopista Rosario-Buenos Aires con toda la claridad de clase para ganar esa pelea. De todas las peleas que vimos nunca vimos una empresa que funcione con patrones sin trabajadores, ahora lo que sí estamos dispuestos a bancar es una empresa que conduzcan y manejen los trabajadores para ponerla al servicio del pueblo”.
Previamente hablaron un delegado de la UOM de Villa Constitución en Paraná Metal y otro de los despedidos de SanCor. Posteriormente llegó el turno de Carlos Chile, referente del MTL y secretario adjunto de la CTA porteña: "No vamos a permitir que este Gobierno utilice como taza de ajuste el salario de los trabajadores, quieren hacernos creer de que nuestros viejos desestabilizan por pelear por el 82 %, nos dicen que si nuestros viejos viven con de esencia el país entra en default".
Y Agregó: "La ciudad de Buenos Aires, la Reina del Plata, la más rica de la Argentina es también la más desigual", al tiempo que cuestionó en duros términos la gestión de Macri al frente del Gobierno de la Ciudad.
La CTA en la calle
La masiva movilización fue finalizada con el discurso del secretario general de ATE y adjunto de la CTA, Pablo Micheli, frente a miles de trabajadores expresó que, “si hay pibes que se mueren de hambre es porque hay responsables, nos preguntamos para qué gobiernan si no pueden resolver el hambre de los pibes y la dignidad de los jubilados, cómo es posible que en la Argentina haya hijos de trabajadores de primera, de segunda, tercera y cuarta categoría. Tenemos que conseguir que se unifiquen las asignaciones familiares, pero eso no lo vamos a conseguir pidiendo “por favor”, sino movilizados No hay otra forma de resolver los problemas, no hay otra forma de reincorporar a los compañeros de Paraná Metal, no hay otra forma de lograr que haya democracia en serio en nuestro país sino es con la presencia y la organización de los trabajadores”.
Luego se preguntó "¿Cómo sigue esto?" y se respondió: "Movilizandos en la calle, profundizando la organización de los trabajadores cualquiera sea su condición y construyendo un paro nacional para hacer sentir nuestros reclamos a lo largo y ancho del país".
Entre otros dirigentes asistieron a la marcha y el acto Ricardo Peidro, José Rigane, Juan Carlos Giuliani, Alberto Piccinini, Juan Actis, Daniel Jorajuría, Alejandra Angriman, Hugo Blasco, Adolfo Aguirre, Fabio Basteiro, Horacio Fernández, Claudio Baigorria, Jorge Acedo, "Chiquito" Ardura de la CCC, e integrantes de la Corriente Sindical del MST
Multitudinaria movilización en La Plata
Más de 10 mil trabajadores marcharon por la capital de la provincia de Buenos Aires para decirle una vez más al gobernador Daniel Scioli que se haga cargo de todos los reclamos que el sector estatal viene exigiendo en lo que va del año. La Asociación Trabajadores del Estado, AJB (judiciales), CICOP y diversas organizaciones gremiales, sociales, políticas y barriales confluyeron en este gran paro con movilización en el marco de la Jornada Nacional de Lucha de la Central de los Trabajadores de la Argentina.
A puro bombo y bandera, desde la Plaza Italia de la ciudad de La Plata hasta las escalinatas de la Legislatura miles de compañeros de toda la provincia expresaron su bronca ante la falta de los acuerdos incumplidos por el ejecutivo provincial.
Los principales reclamos que se manifestaron con pancartas y banderas partieron por la reapertura de las paritarias, aumento salarial, el pase a planta de todos los trabajadores precarizados, equiparación salarial para los sectores discriminados, nombramiento de personal en áreas críticas -como salud y educación-, la creación de ámbitos de discusión para la cobertura de los cargos que se han dado de baja por jubilaciones, el cumplimiento por parte del gobierno provincial de los acuerdos paritarios, la devolución de todo lo descontado por los días de paro y el pago de los 5 meses que se adeudan de las asignaciones familiares a todos los estatales.
Hugo Blasco, Secretario de Organización de la CTA provincia de Buenos Aires y Secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense abrió el acto manifestando: “La satisfacción de compartir esta jornada de lucha”, porque “estamos demostrando nuestra fortaleza, que es enorme”. Y continuó reafirmando que “los trabajadores decimos que nosotros somos los que decidimos lo que queremos discutir y cuando”.
“Gobernador Scioli, hace rato que venimos diciendo que los aumentos que nos quiso imponer a principio de año son insuficientes, y mucho más ahora, que han pasado seis meses de ese aumento”, dijo, y agregó: “Si tiene coraje ordene que inmediatamente se sientes sus funcionarios a discutir las nuevas pautas salariales”.
Angel Damico, de la FETERA, manifestó ante la multitud la pelea que están dando los trabajadores de la energía: “Hoy es un día glorioso, porque estamos demostrando que la clase trabajadora está unida”. “Los trabajadores de Luz y Fuerza de Mar del Plata estamos en una batalla con una empresa multinacional como es EDEA, que no acata las resoluciones del Ministerio de Trabajo, porque está avalada por el Gobernados Scioli, que a esa empresa le da subsidio, pero a los trabajadores no les quiere dar aumento”.
Eduardo Gómez, de SUTEBA Berazategui, dio el presente de los maestros de escualas bonaerenses, asegurando: “Tendríamos una gran vergüenza como dirigentes, si hoy no estuvieramos acá”. “En nuestras secciónales los docentes tuvimos la posibilidad de discutir de manera democrática si estabamos dispuestos a continuar la lucha por el salario. Y decidimos estar en este paro”, expresó.
Jorge Yabkowski, de CICOP y FESPROSA dijo lo suyo en representación de los profesionales de la salud: “Orgullosamente los profesionales participamos de este paro junto a los trabajadores estatales, logrando la paralización de los hospitales bonaerenses”.
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General de ATE y CTA Provincia de Buenos Aires cerró el acto manifestando ante la ovación de toda la militancia: “Orgullo de formar parte de esta CTA y de esta ATE y compartir este paro con toda las organizaciones sindicales y sociales que se bancan vivir como hablan, y construir en la calle el país que los argentinos necesitamos”.
Desde las escalinatas del la Legislatura provincial lanzó: “Sepan los legisladores que los municipales estamos de paro y vamos a seguir peleando hasta obtener las Convenciones Colectivas de trabajo y aumento salarial”.
“Al gobernador Scioli le decimos que deje de mentir”, enfatizó Godoy. “Pinocho, deja de mentirnos a los bonaerenses. Hacete cargo!”, dijo, para señalarle que: “No se gobierna la provincia el los almuerzos de Mirta Legrand, se gobierna garantizando mas presupuesto en salud, mas presupuesto en políticas sociales y garantizando que la obra no se haga en los sectores privados, sino en los organismos del Estado”.
También le dijo al Gobernador: “Scioli, usted no es el dueño de la paritaria. La paritaria es un derecho constitucional de los trabajadores de discutir en igualdad de condiciones". "Sepa que la paritaria se va a volver a abrir, porque aquí hay miles de dirigentes y militantes que hoy iniciamos un plan de lucha para reabrirla”.
En Jujuy contra el "no se puede”
Una masiva movilización con miles y miles de compañeros de la CTA Jujuy respaldó los reclamos que los trabajadores, jubilados y las organizaciones de la Central vienen realizando por el 82 % móvil, salario mínimo, vital y móvil de acuerdo al costo de la Canasta Básica, equiparación de asignaciones familiares con Nación y aumento salarial.
Al frente de la marcha estuvieron Fernando Acosta (Secretario General de ATE y CTA Jujuy), Milagro Sala (dirigente de la Organización Barrial Tupac Amaru), Freddy Berdeja (dirigente de la Asociación de Judiciales Jujuy), quienes cuestionaron la actitud de los que dicen que “no se puede” ante las necesidades del pueblo.
El acto se realizó en la delegación de Jujuy del Ministerio de Trabajo de la Nación, allí Nando Acosta repudió la complacencia de la CGT con los patrones sojeros, mineros, industriales y empresariales para fijar el salario mínimo en una suma (1740 pesos) insuficiente. “Con el sueldo que nos pagan, ¿Qué tenemos que dejar de hacer? O dejamos de tener salud, de darles educación a nuestros pibes, de alimentarnos o de vestirnos, porque el salario mínimo y vital es lo menos que tenemos que cobrar para poder vivir dignamente”. .
Con el mismo tenor los dirigentes de la CTA se refirieron al oportunismo de la oposición política. “Ahora buscan rédito electoral con el 82 % móvil, pero no dicen que para financiarlo se deben restituir los aportes patronales que hace 15 años no pagan los grandes grupos económicos, como tampoco los partidos de la oposición apoyaron la reestatización de los fondos de las AFJP”.
“Incluso algunos de estos partidos, cuando estuvieron en el Gobierno, han llegado a rebajar los sueldos y las jubilaciones, pero lo hicieron para enriquecer a otros. Es mentira que no había, era porque la distribución que hacían beneficiaba a los sectores privilegiados”, sostuvo Acosta.
Y agregó que “siempre escuchamos a los que Gobiernan decir que no se puede, sea del partido que sea. La plata que hace falta para resolver el problema de los jubilados, terminar con la pobreza, esa plata si existe y se la llevan los grandes grupos económicos por eso vamos a estar en la calle las veces que sea necesario para que haya una distribución en beneficio del pueblo”.
Contundente paro y marcha en Santa Cruz
Desde las 11 horas de ayer se concentraron los principales gremios del Estado y marcharon por las calles céntricas de Río Gallegosl. Más de 2000 personas dejaron expresada su protesta por la reforma que el gobierno impulsa sobre la Caja de Previsión Social. Desde el año 2007 no se registraba una movilización de estas características. Vea la galería de imágenes
Todos los gremios vinculados al Estado, entre ellos ATE-CTA, ADOSAC, Judiciales, Sanidad, Legislativos etc, se reunieron en una marcha multisectorial por las calles de Río Gallegos, en protesta por la reforma previsional que intenta llevar adelante el gobierno de la provincia, para que el déficit de la Caja de Previsión Social sea absorbida por los activos y pasivos de la administración pública.
Alrededor de 2.000 personas identificadas con pancartas, bombos y consignas contrarias al gobierno y a la intención de reformar el ente previsional, se dieron cita en una columna de aproximadamente tres cuadras y media de extensión que se inició pasada las 11.00 y culminó a las 14.20.
Hicieron la primera parada en la CPS en Mariano Moreno al 500, de allí se dirigieron a la Legislatura provincial donde en poco tiempo más ingresará el proyecto de ley y desde ese lugar, una columna sensiblemente disminuida, llegó al frente de casa de gobierno, cuyo edificio estaba fuertemente custodiada por la policía con perros, lugar en el que se manifestaron y algunos dirigentes gremiales usaron de la palabra.
Representantes de las filiales de todo el interior de la provincia se dieron cita en la marcha de ayer, identificándose cada agrupación con pancartas y carteles que portaban integrantes de las comisiones que arribaron de Pico Truncado, 28 de Noviembre, Río Turbio, Caleta Olivia, Perito Moreno, las Heras, Deseado y Los Antiguos entre otras localidades que se hicieron presentes.
“Esta es una marcha que sirve para demostrarle al gobierno que los gremios estamos vivos y que peleamos por el derecho de tener una jubilación justa. Le decimos no a la reforma que impulsa el gobernador y estamos decidido desde ATE a plantear una lucha el tiempo que sea necesario”, le dijo a OPI Alejandro Garzón, Secretario General de ATE y la CTA santacruceña.
En tanto Pedro Muñoz Secretario General del gremio docente (ADOSAC) remarcó la necesidad de llevar el tema de la CPS a un debate más amplio y con participación de todos los sectores y señaló que por este motivo el gremio decretó para hoy un paro total de actividades que en sus cálculo está siendo acatado por un 90% de los docentes.
Cabe recordar que el plenario de gremios estatales había determinado para hoy un paro de actividades que se lleva a cabo en distintos estamentos de la administración pública provincial donde ATE, Judiciales y el personal legislativo tienen una importante incidencia.
Ruidosa jornada en Paraná
La Central de los Trabajadores de la Argentina Paraná (CTA) y la Unión Conductores de la Argentina Seccional Entre Ríos (UCRA-CTA) se manifestaron frente a la empresa de transporte Costera Criolla, ya que sus empleados son perseguidos por defender sus derechos y agremiarse, informó el secretario general de Sindicato en Paraná, Ricardo Alberto Sánchez, quien explicó que recibieron sanciones tales como amonestaciones, suspensiones, despidos y muchos fueron desafectados de algunos servicios.
Sánchez indicó que, en el marco de la jornada nacional de protesta de la CTA “nos expresamos frente al grupo económico del transporte Costera Criolla, de Flechabus, en calle Almafuerte, de Paraná”.
La manifestación “es en respaldo a la Unión de Conductores de Argentina (UCRA-CTA), un sindicato incorporado recientemente a la CTA y cuyos trabajadores fueron perseguidos por la empresa, ya que defendieron sus derecho y se agremiaron”.
Los empleados “tuvieron sanciones tales como amonestaciones, suspensiones arbitrarias y despidos. Muchos también fueron desafectados de algunos servicios por parte de la empresa”, detalló el gremialista. Desafectarlos de su trabajo “implica la bajada de línea al trabajador, lo que le provoca una pérdida importante de su salario, porque su componente principal está dado mayormente por la prestación de servicios”.
La protesta continúo marchando por calle Almafuerte hasta 5 esquinas llevando la solidaridad a los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), que se encontraban en ese punto de la ciudad realizando un corte de calle en el marco de su reclamo salarial. Para luego avanzar hacia la terminal de ómnibus de la ciudad de Paraná, donde se realizó una volanteada y durante más de una hora no se permitió la salida de ómnibus de pasajeros.
En tanto, Sánchez expreso el acompañamiento a la lucha que están llevando a cabo los compañeros de la Asociación de Trabajadores del Estado y aseguró: “más allá que nos encontramos atravesados por una elección, lo que está por sobre todo son los trabajadores y más aún cuando las condiciones no son las adecuadas y no se responde con una canasta básica de alimentos”.
En ese sentido, “nos parece oportuno acompañarlos ahora que decidieron movilizarse; es un hecho importante”, aseveró Sánchez. Ya siendo el mediodía la columna avanzó por Avenida Echague, varias cuadras hasta el centro de la ciudad, llegando a la Dirección Provincial del Trabajo, donde se entrego un petitorio por la reincorporación de los compañeros despedidos.
Por su parte Britez, secretario general de la UCRA Seccional Entre Ríos–CTA señaló que hasta ahora son cuatro los choferes despedidos, y que tres de ellos pertenecen a la comisión directiva del gremio.
En ese sentido añadió: “Los despidos responden a que un gremio nuevo está tomando fuerza, porque no sólo reclamamos por sueldos dignos, sino que pedimos mejores condiciones laborales, que los choferes tengan el descanso que necesitan entre viaje y viaje, que se respete el convenio colectivo de trabajo”.
Actualmente, la empresa Costera Criolla emplea a 240 trabajadores. Según refirió Britez, “los empresarios no aparecen, no dan la cara. Encima despidieron a dirigentes gremiales, cuando eso está prohibido por ley”.
La UCRA se constituyó en Entre Ríos hace poco más de un mes. “Nosotros no nos sentíamos representados por el gremio que en ese momento nos nucleaba, que era la Unión Tranviarios Automotores (UTA), así que decidimos hacer un gremio de los conductores, y nos sumamos a la UCRA, que tiene representación a nivel nacional”, refirió Britez. Por último, el gremialista confirmó que si no tienen respuesta volverán a realizar cortes de calles o rutas y el próximo viernes no saldrá ningún coche.
La protesta en Córdoba
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), delegación Córdoba, se movilizó ayer al mediodía hasta la sede de la delegación del Ministerio de Trabajo de la Nación para exigir la plena vigencia del 82 por ciento móvil para todos los jubilados, por una asignación universal sin excluidos y por un nuevo llamado al Consejo del Salario, entre otro reclamos.
La movilización partió desde la sede ATE-Córdoba encabezada por el secretario General de la CTA-Córdoba, Oscar Mengarelli, acompañado por el secretario General del Cispren, Guido Dreizik, de ATE-Córdoba, María Teresa Romero, de AMMAR-Córdoba, Eugenia Aravena, junto a otras organizaciones territoriales, políticas y gremiales de la provincia.
“Estamos acá para exigir que el gobierno convoque nuevamente al Consejo del Salario porque consideramos insuficiente los 1.740 pesos otorgados recientemente, cifra que fue pergeñada entre el Gobierno, los empresarios, la Sociedad Rural y la CGT y que de ninguna manera resuelve el problema de los millones de argentinos que viven debajo de la línea de pobreza”, afirmó el secretario General del Cispren, Guido Dreizik en el acto realizado frente a la sede de la autoridad laboral.
“El gobierno no puede decir que el Estado se desfinanciará si aplica el aumento del 82 por ciento móvil a los jubilados porque en el tesoro nacional hay 50 mil millones de pesos que deben ser repartido entre los compañeros que aportaron toda su vida laboral”, denunció el secretario de Organización de la CTA.
“Tenemos que construir un Estado desde los trabajadores y no desde la oligarquía porque siempre terminamos viendo como los grandes grupos económicos son beneficiarios de un Estado benefactor”, afirmó.
El secretario general de la CTA-Córdoba, Oscar Mengarelli criticó al gobierno provincial de Juan Schiaretti porque “ningunea a los trabajadores estatales, precarizándolos con contratos basura o monotributo, en lugar de efectivizarlos”.
Exigió al gobierno el aumento del 82 por ciento para los jubilados y la restitución de los aportes patronales como una manera de ir pagando “la deuda interna que tienen con nuestros viejos”. También se reclamó para que el represor Luciano Benjamín Menéndez vuelva a cumplir en cárcel común su sentencia por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Mientras tanto en Río Cuarto, y con la presencia de un centenar de militantes, se llevó a cabo entre las 10.00 y las 13.00 una radio abierta en la plaza central de esa ciudad del sur cordobés.
En Mendoza
A la 10.30 de ayer se realizó una concentración en San Martín y Garibaldi para luego dirigirse hasta la Casa de Gobierno. Lo que se preveía finalmente llegó y los trabajadores del Estado hicieron realidad su promesa de volver a la calle para pedir que se “reabran las paritarias” y así renegociar aumentos de sueldo.
Lo que piden los estatales es, principalmente, la habilitación de la “cláusula gatillo”, un artículo que permite volver a discutir valores “si el costo de la vida se incrementa”.
Pues bien, la inflación, que en Mendoza, con valores privados ya llegó al 2% mensual y se perfila para un 25% anual, es el motivo principal para que los gremialistas renueven sus reclamos.
Según informó la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE-CTA), la jornada fue de huelga, pero también hubo una marcha, cuya concentración se realizó en la intersección de San Martín y Garibaldi, a las 10.30 horas. Allí también confluyeron los docentes universitarios, nucleados en la Fadiunc, en una protesta de similares características.
